GRABAR CON CELULAR PERSONAL ES UN DERECHO Y ES PRUEBA LEGÍTIMA
Autor: SERGIO ALEJANDRO RUEDA MORENO .
Publicado en : PÁGINA WEB
Fecha: lunes 21 de septiembre del 2020

GRABAR CON CELULAR PERSONAL ES UN DERECHO Y ES PRUEBA LEGÍTIMA

El orden Constitucional Colombiano en su Artículo 5 establece sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia. A su vez la Declaración Universal de los Derechos el Hombre en el artículo 5, estipula que: “La ley solo puede prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad. Lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido. Nadie puede verse obligado a aquello que la ley no ordena.”

En nuestro ordenamiento superior además del respeto a la dignidad humana y la libertad personal, sobresalen los derechos a informar, a ser informado, a expresar opinión o pensamiento con total autonomía y a la inviolabilidad de la correspondencia y de todas las formas de comunicación. Estas prerrogativas constituyen pilares fundamentales en los Estados democráticos, sin distingo de edad, sexo, raza o condición social, como lo enseñan los Artículos 2, 14 y 20.

Ahora bien desde el punto de vista legal, es preciso reseñar que el C. N. de Policía en el Artículo 21 establece con total claridad que los actos de policía son públicos y en consecuencia: “Todo procedimiento policivo podrá ser grabado mediante cualquier medio de las tecnologías de información y comunicación...” La Ley 1801 de 2016 es obligatoria para todo servidor público, incluidos quienes ejercen actividades operativas de policía y prohíbe que se impidan dichas grabaciones y determina expresamente que “La autoridad de Policía que impida la grabación de que trata este artículo sin justificación legal correspondiente incurrirá en causal de mala conducta”.

Cuando una persona utiliza el equipo de comunicación de que es propietario para grabar procedimientos judiciales, policivos o administrativos, está en pleno ejercicio de los derechos enunciados y en consecuencia las autoridades públicas deben respetarlos, pues además, las grabaciones se convierten en medio de prueba legítimo como lo determinan el Código General del Proceso en sus Artículos 243 y 260; el Código de Procedimiento Penal en los Artículos 275 literal f y 276, so pena de incurrir en daño de un bien privado, la falsedad por ocultamiento de pruebas y la obstrucción a la Justicia.

Cómo no recordar el principio de responsabilidad jurídica de los empleados públicos según el cual, éstos lo son ante las autoridades “...por omisión o por extralimitación en el ejercicio de sus funciones.”
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Fuente: Constitución, normas internacionales, Códigos de Procedimiento