PROPUESTA JURÍDICA DE REINVENCIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO
Autor: SERGIO ALEJANDRO RUEDA MORENO .
Publicado en : PÁGINA WEB
Fecha: viernes 21 de agosto del 2020

Sergio Alejandro Rueda M.
Abogado y Contador Público Especialista


Al debate de las fuerzas políticas, relacionado con una posible reforma de la administración de justicia desde las Altas Cortes, a la Jurisdicción Especial para la Paz, se suma la insatisfacción ciudadana ante la enorme corrupción en todos los niveles públicos, situaciones que de contera nos llevan a pensar lo necesario de reorganizar las demás Ramas del Estado. En primer término suprimir las facultades de nominación de cargos de las tres ramas entre sí; igualmente cambiar la manera de nombrar al Procurador, al Contralor y al Fiscal General de la Nación, que deberían ser electos directamente por la ciudadanía, con el objeto de dotarlos de independencia absoluta en el desempeño de sus funciones, pues en el país existe desde hace rato consenso acerca del desprestigio de estos organismos por su politización y bajos resultados, frente a los graves hechos que a diario afectan los bienes y recursos públicos, la vida, la salud, la educación y el patrimonio de los Colombianos.

Los carruseles contractuales, los sobrecostos de las obras públicas, los casos Odebrecht, Reficar e Hidroituango con cientos de sepultados bajo la represa, objeto de actual investigación; los nombramientos irregulares, las provisionalidades eternas, el denominado “Cartel de la Toga”; la engavetada de importantes expedientes que se siguieron contra varios dirigentes políticos en distintas regiones del país, que finalizaron o están por lograr la prescripción, debido a la inexorable inacción Estatal; hacen urgente y necesario que el poder del elector primario intervenga a través de una consulta o de la iniciativa popular o de allí a una constituyente, como lo prevé la Ley 134 de 1994, para que se haga una reforma integral de las Ramas y Organismos que componen el Estado.

LA EMISIÓN DE LEYES

La Rama Legislativa por ejemplo, bien puede funcionar con una sola Cámara de representantes, a lo sumo con 3 congresistas por departamento y 3 del Distrito Especial de Bogotá, uno por cada gran colectividad o corriente ideológica. Su remuneración solamente sería por sesiones asistidas y en un espacio no superior a 6 meses al año, para reducir el oneroso y enorme tinglado donde lo que se ha hecho es fabricar leyes a la medida de algún sector económico, político, social o empresarial y así se cumpla verdaderamente con el principio general de derecho, que determina que la ley debe tener carácter general, impersonal y abstracto.

Se ha cuestionado el alto el número de congresistas, lo excesivo de sus remuneraciones que castigan el presupuesto nacional, el cual es alimentado por los aportes que debemos erogar los Colombianos a través de impuestos, tasas, contribuciones, multas y muy caros servicios públicos; especialmente para quienes perciben ingresos laborales y para los pensionados cuyo ingreso anualmente se degrada con el IPC, respecto de los activos cuyo incremento es con base en el salario mínimo.

INEFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La Rama Ejecutiva también merece ajustes, toda vez que desde hace rato para el impulso de la gestión administrativa, la realización de obras públicas, de acueductos, alcantarillado, pavimentación de vías rurales o urbanas y la construcción de puentes vehiculares o peatonales que requiere con urgencia la comunidad, se debe acudir a las acciones populares y a la tutela. Precisamente la ineficacia de los empleados públicos de todo orden, que olvidaron la obligación legal y constitucional de cumplir su cometido estatal como mandan los Artículos 1, 2, 4, 6 in fine y 209 de la Carta de la función administrativa del Estado, propicia acudir a estos mecanismos jurídicos.

Se queja la clase dirigente de la intromisión de la judicatura en las gestiones de la administración pública como de "Gobierno de los Jueces", pero es tanta la desidia de quienes tienen a cargo el mejoramiento de la calidad de vida de los Colombianos, que la población, luego de rogar y rogar, de idas y venidas ante los ministros, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales para la solución de sus necesidades de infraestructura, servicios, salud, educación y seguridad ciudadana sin obtener respuesta o de enfrentarse a puertas infranqueables para ser escuchados, no tienen otro mecanismo eficaz e idóneo que el de los Artículos 86, 87 y 88 de la Constitución, por lo cual, los jueces parecen estar más cerca de la sociedad que los representantes de las ramas ejecutiva y legislativa.


SE JUSTIFICA LA REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL ESTADO ?

Distinguidos lectores de Radio Santander On Line y el portal web, como ustedes pueden deducir, no hay opción distinta que reorganizar las 3 ramas del estado, para que vuelvan a tener la credibilidad y preeminencia que tuvieron hasta la década de los 90, como instituciones dedicadas al bien común y al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, con total independencia la una de las otras, equilibrio y transparencia en sus relaciones institucionales y en las decisiones que cada una deba adoptar; virtudes de las que no se deben excluir a los Colombianos que aspiran a ingresar al servicio en cualquiera de las Ramas del Poder Público, la cual deberá ser por concurso de méritos para todos los cargos de las ramas del estado, con el lleno de los requisitos mínimos establecidos para cada empleo, incluidos para los de libre nombramiento y remoción, como garantía de transparencia e idoneidad, lo que evitaría la rechazable práctica de exigir favores sexuales y el sometimiento de los servidores públicos a los designios antiéticos de los nominadores.

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Fuente: Diarios, publicaciones web y Opiniones ciudadanas