LIBERTADES FUNDAMENTALES Y DERECHOS PERSONALES SIGUEN VIGENTES EN ESTADOS DE EXCEPCIÓN
Autor: SERGIO ALEJANDRO RUEDA MORENO .
Publicado en : PÁGINA WEB
Fecha: viernes 08 de mayo del 2020

LIBERTADES FUNDAMENTALES Y DERECHOS PERSONALES SIGUEN VIGENTES EN ESTADOS DE EXCEPCIÓN

Decretada la emergencia económica, social y medioambiental por la aparición de La pandemia en Colombia, se han impuesto varias medidas de restricción a la ciudadanía con algunas excepciones.

La movilidad por el confinamiento obligatorio es uno de esos derechos que están afectando de manera seria a los niño, y a las personas de mayor edad, arrasando con la estabilidad síquica, emocional y el desarrollo físico que requieren estas personas que cuentan con la protección especial de los Artículos, 13 in fine, 44 y 46 de Constitución Política.

El derecho a no ser molestado en su persona y a la inviolabilidad del domicilio están claramente señalados en el Artículo 28 de la C. N., así como el libre ejercicio de actividades propias del arte u oficio empírico escogido de manera autónoma por el ciudadano, que bien puede desarrollar en su casa o taller privado, se ven cercenados con la intervención policial con total carencia de orden judicial o de resolución administrativa debidamente expedidas, como ha venido ocurriendo durante esta cuarentena, conducen al desconocimiento rampante del Art. 26 de la C. P.

A ello se suma lo contradictorio de las decisiones proferidas por los Gobernadores y Alcaldes respecto de las atribuciones de los Decretos Presidenciales en relación con estas materias, causando perplejidad ciudadana y diversos comentarios de prensa.

El caso de los Contadores Públicos y los Abogados es muy particular, toda vez que son profesionales independientes o como se les denomino en el pasado, profesiones liberales no sujetas a vínculo laboral con las empresas, los comerciantes o con su clientela. El hecho de ser asesor, consultor o consejero los deja por fuera de las actividades que se han autorizado por el Gobierno Nacional para reactivarse y especialmente ante la prolongada suspensión de términos judiciales y administrativos.

Varios colegas se preguntan que hacer frente a esta situación y les respondo que de allí la importancia de vincularse a los distintos gremios profesionales y exigir que estos actúen ante los órganos de la administración en favor de los profesionales que atraviesan dificultades económicas, espirituales y materiales propias del receso obligatorio.

Las medidas de restricción se han adoptado bajo el apremio de los estados de excepción contemplados en los Arts. 214 y 215 de la Constitución Política. Sin embargo es preciso señalar que algunas de las libertades no pueden ser borradas de tajo, pues existen principios y postulados del derecho de gentes que es imperioso respetar; así por ejemplo, el numeral 2º del artículo primeramente citado sin dubitación alguna expresamente señala:

“..No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario.”

Esos principios y reglas han sido precisamente, materia de análisis jurídico por parte de la Corte Constitucional en varias ocasiones como pasamos a verlo en materia de información, opinión, domicilio y la no suspensión de los derechos ciudadanos:

“La visión real del orden público, pues, no es otra que la de ser el garante de las libertades públicas. Consiste, para decirlo con palabras de André Hauriou, en la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad. No hay libertad sin orden y éste no se comprende sin aquella.

Libertad significa coordinación, responsabilidad, facultad de obrar con conciencia de las finalidades legítimas, y no desorden, anarquía o atropello. Toda situación de inseguridad, anula la libertad, porque el hombre que se ve sometido a una presión sicológica, que le lleva al miedo de ser agredido por otros, constantemente y sin motivo, no es verdaderamente libre. El orden público, entonces, implica la liberación del hombre, porque le asegura la eficacia de sus derechos, al impedir que otros abusen de los suyos.”

DERECHO A LA INFORMACIÓN

“El derecho a la información es un derecho que expresa la tendencia natural del hombre hacia el conocimiento. El ser humano está abierto a la aprehensión conceptual del entorno para reflexionar y hacer juicios y raciocinios sobre la realidad. Es en virtud de esta tendencia que a toda persona se le debe la información de la verdad, como exigencia de su ser personal. El sujeto de este derecho es universal: toda persona -sin ninguna distinción- y el objeto de tal derecho es la información veraz e imparcial.”

DERECHO DE INFORMAR

“Toda persona tiene el derecho de informar, para expresar su comunicabilidad y también para satisfacer el derecho que las demás personas tienen a estar informadas.”

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

“Es una figura jurídica más amplia que la del derecho a la información. Abarca una generalidad que admite múltiples especies y, en virtud de la libertad de opinión y de pensamiento, no tiene tantas limitaciones como las que tienen el derecho a la información y el derecho de informar.” (Sentencia C-495-1996).

LA INVIOLABILIDAD DE DOMICILIO-Derecho autónomo

“El derecho a la inviolabilidad del domicilio se encuentra establecido en el artículo 28 de la Constitución Política de 1991 y tiene como finalidad la de proteger al titular del mismo, frente a cualquier intromisión o agresión realizada por un particular o por una autoridad pública, en el espacio privado donde ejerce sus derechos y libertades, de la manera más íntima y con la mayor expectativa de privacidad posible.”

“Esta Corte ha reconocido que la inviolabilidad del domicilio es un derecho autónomo, que materializa y protege la libertad de las personas, a través de la determinación de un espacio físico de alcance personal o familiar, que se encuentra excluido, en su esencia, de la intervención pública, en el que las personas se expresan y ejercen sus derechos y libertades, de manera aún más amplia, que cuando los realizan en otro tipo de espacios, pues constituye una de las prerrogativas más claras del principio constitucional de separación entre lo público y lo privado; tiene como finalidad evitar la intromisión de terceros o de las autoridades públicas, en esferas en las que se hacen efectivos diferentes derechos de suma relevancia, tales como el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de creencias y cultos, la libertad de expresión, la propiedad y la seguridad personal, muchos de los cuales se identifican con libertades básicas que se ejercen en un marco de intimidad.

Esta garantía no exige un determinado título jurídico respecto del bien que constituye el domicilio; protege un concepto de domicilio amplio en el que, incluso el cuarto del hotel en el que transitoriamente se encuentran las personas, constituye, para efectos de proteger su inviolabilidad y los derechos que se encuentran allí en juego, el domicilio de la persona.” (Sentencia C-204 del 15 mayo 2019).

NÚCLEO ESENCIAL DE UN DERECHO FUNDAMENTAL-Concepto

“El núcleo esencial se ha definido como el mínimo de contenido que el legislador debe respetar, es esa parte del derecho que lo identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de inmunidad respecto de la intervención de las autoridades públicas. Y, en sentido negativo debe entenderse “el núcleo esencial de un derecho fundamental como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental.

LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN-Definición. LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN-Límites

“Tratándose de la libertad de locomoción, la Corte Constitucional en el fallo SU-257 de mayo 28 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo, indicó que acorde con el artículo 24 superior, dicha libertad “consiste en el derecho que tienen todos los colombianos de circular libremente por el territorio nacional, de entrar y salir de él, y de permanecer y residenciarse en Colombia”. Con todo, en el citado fallo se explicó que dicha prerrogativa no es incondicional, pues es posible establecer limitaciones a su ejercicio, “buscando conciliarla con otros derechos o con los principios rectores de todo el sistema”.

“Lo anterior, sin que tales restricciones conlleven la “supresión o el desvanecimiento del derecho fundamental”, pues se entiende que no pueden desconocer su núcleo esencial, no siendo posible que el ejercicio de tal libertad sea impracticable, a través de medidas que impidan su ejercicio en su “sustrato mínimo e inviolable”. Igualmente, en dicha providencia, la Corte Constitucional puntualizó que es viable por razones de prevalencia del interés general, establecer reglas que obliguen al individuo y le resten posibilidades de movimiento en el territorio, siempre que no se soslayen los principios, valores y derechos constitucionales. (Sentencia C-511 del 31 de julio de 2013).

Por modo que cada persona debe identificar su propia situación frente a la Carta y a los actos administrativos de carácter general, para determinar si existe la posible violación a los principios y derechos fundamentales de las personas y en dado caso, acudir a la autoridad contencioso administrativa o al juez de tutela para que le sean respetadas las prerrogativas instituidas en favor de los asociados.
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Fuente: Constitución Política y Sentencias Constitucionales