LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y PUBLICIDAD DE LA LEY TRIBUTARIA PRIMAN SOBRE CONSIDERACIONES DE CONVENIENCIA EN SU EXPEDICIÓN
Autor: SERGIO ALEJANDRO RUEDA M. .
Publicado en : PÁGINA WEB
Fecha: jueves 17 de octubre del 2019

Autor Abogado - Contador Público - Especialista
salex_ruedam@hotmail.com
Publicado en la Página Web jueves 17 de octubre del 2019.

Se acaba de conocer la importante decisión de la Honorable Corte Constitucional en relación con la denominada Ley 1943 de 2018 o de Financiamiento, expedida por el Congreso Nacional sin el lleno de los requisitos de forma establecidos en el Estatuto Superior y en las normas de procedimiento del sistema bicameral de la Rama Legislativa en Colombia.

La expedición de las Leyes de la República no es un asunto menor en la cual, la ausencia de requisitos para la validez de esos actos legislativos, puedan superarse sin consecuencia alguna, cuando las necesidades o las conveniencias del gobierno, los gremios, los partidos políticos o la opinión ciudadana lo estimen urgente y necesario. De ninguna manera, pues la Constitución Nacional en su Art. 4 enseña que ella está por encima de tales consideraciones y es deber de los nacionales y extranjeros incluidos los servidores del Estado acatar la Constitución y las Leyes; se entiende como tales, al Presidente y sus Ministros, a los Congresistas, a los Magistrados y sus auxiliares; a los Jueces, Fiscales y demás funcionarios judiciales; a los Diputados, Concejales, los Gobernadores, a los Alcaldes, a todo empleado departamental o municipal y finalmente es aplicable a todo ciudadano y persona en general por encumbrada que sea.

Luego los Colombianos y los extranjeros residentes en el país, a voces de los Artículos 6, 95 numeral 9; 209 y 363 de la Carta deben respetar los principios generales que en materia tributaria ha establecido históricamente la ciencia del derecho; entre otros los de publicidad y de legalidad o reserva de la ley, que obligan a los encargados de presentarlas, estudiarlas y expedirlas a seguir con respeto, los procedimientos establecidos para su correcta aprobación.

En consecuencia factores como la necesidad, la conveniencia, la estabilidad macro-económica, la razonabilidad fiscal o la empatía entre gobernante y gobernados no puede estar por encima de las normas superiores, pues se echaría por tierra la estructura jurídica que sostiene el Estado Social de derecho claramente definido en los Artículos 1 y 2 precisamente para “la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución,…”.

La Corte Constitucional con irrefutable acierto, ha interpretado acuciosamente esos mismos preceptos y sigue fielmente los derroteros de anteriores decisiones de la más alta Corporación Judicial en las cuáles queda claro que ni el Gobierno Nacional, El Congreso de la República ni los partidos, ni el Sistema Financiero, los gremios o ningún otro Colombiano por muy ilustre y poderoso que sea, puede pasar por encima de la estructura jurídica del país.

A esto se le llama la primacía del verdadero y racional Estado de Derecho.
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Fuente: comunicado Sentencia C-481 (M. P. Alejandro Linares).