LA ACTUAL INTERPRETACIÓN NORMATIVA DESVIRTÚA EL DERECHO
Autor: SERGIO ALEJANDRO RUEDA M. .
Publicado en : PÁGINA WEB
Fecha: sábado 09 de marzo del 2019

El conglomerado social, en especial quienes ejercen la noble profesión de abogar o representar a las personas que acuden a las autoridades administrativas o de policía, establecidas por la Constitución Política y regladas por la ley, vemos con asombro cómo algunos servidores de la administración pública, los agentes del orden y los particulares a cargo de la seguridad social en salud y pensiones, interpretan y aplican las reglas que organizan a la sociedad, de una manera tal que se desvirtúan los principios de derecho que favorecían al ser humano, especialmente a los más débiles de la pirámide social.

Así por ejemplo, los derechos adquiridos que protegían a los empleados del estado, a los trabajadores del sector privado, a los comerciantes, a las amas de casa, a los pequeños propietarios, a los vendedores ambulantes y a los independientes o trabajadores por cuenta propia, entraron en barrena desde hace un par de años con la inefable y restringida interpretación que desconoce hoy por hoy, los derechos a la movilidad, a la estabilidad laboral; el acceso a bienes y servicios; a la dignidad, la autonomía y la libertad personal; al libre albedrío, a la libertad de enseñanza y cátedra y al derecho a conocer la historia de su propio país.

Casos hoy tan emblemáticos como los del joven Universitario STIVEN CLAROS, o del sexagenario JORGE MEZA CORREA sancionados con una multa cercana a ochocientos mil pesos el primero, por consumir una empanada en una venta callejera y el segundo, con cerca de dieciocho millones de pesos, por la inopinada caída de su pantalón mientras era objeto de requisa en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá; constituyen situaciones como para Ripley derivadas de un excesivo rigorismo y de una errada interpretación de las palabras de la Ley. Sin tener en cuenta que en la aplicación del derecho punitivo es imperioso antes, examinar la intención del agente en el hecho y si en efecto, existe o no la generación de un daño real y efectivo a la sociedad.

A la par de la inestabilidad jurídica por la efímera duración de leyes y decretos en el tiempo y en el espacio en Colombia, ha de sumarse el olvido de las prácticas centenarias y respetables en la adecuada interpretación de las normas que como lo enseña Dworkin ha de hacerse mediante la aplicación de: “…la filosofía del derecho, la moral, el hecho de si las normas están bien diseñadas o no y cuál es el derecho que debe aplicarse en cada caso.” Es decir, el tratadista contempla la interpretación del derecho, exclusivamente desde la perspectiva del caso concreto y no desde la norma misma. (Teoría jurídico filosófica de Ronald Dworkin).

Es así como la interpretación normativa que hace la administración pública acerca del derecho laboral, las pensiones, el acceso a la salud; la negativa al incremento de la pensión mínima por cónyuge no trabajador; la desaparición de las clases de historia de Colombia en primaria y bachillerato. Las restricciones a la movilidad y a la protesta ciudadana. La prohibición de compra de alimentos en espacios públicos y relativizar los derechos adquiridos con una novel jurisprudencia, dan al traste con la calidad de vida de los Colombianos de estratos medios y de los de menores ingresos que arrasa con la línea interpretativa construida con gran acierto por la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el mismo Consejo de Estado durante los años 1991 a 2010, en favor de los asociados que hoy están advirtiendo el desamparo en que los coloca el Estado.
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