MEMORIA DEL ACTO CONMEMORATIVO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991
Autor: SERGIO ALEJANDRO RUEDA MORENO .
Publicado en : PÁGINA WEB
Fecha: viernes 27 de agosto del 2021

MEMORIA DEL ACTO CONMEMORATIVO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991

REALIZADO POR EL MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUCARAMANGA Y LA REVISTA ECOS DEL CHICAMOCHA




DIRECTOR MAMB:
Maestro ORLANDO MORALES

DIRECTOR DE LA REVISTA:
Periodista VICTOR HUGO PARRA REYES

INVITADO:
Abogado y Contador Público SERGIO ALEJANDRO RUEDA MORENO


Trayectoria Académica: Profesor de Posgrado en Control Público y Control Tributario de la Universidad Remington de Medellín convenio con Interamericana de Educación Superior de Bucaramanga y Universidad Remington sede de Santa Marta. Profesor de Pregrado en Hacienda y Finanzas Públicas de la Universida Santo Tomás de Bucaramanga y Facultad de derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga. Ex Decano de la Facultad de Contaduría Pública, Profesor de Derecho Constitucional y Tributario de la Universidad Uniciencia de Bucaramanga y profesor de Hacienda Pública y tributario de la Facultad de Derecho de la U. Uniciencia Bucaramanga.


Cargos que desempeñó en el sector público:

Juez Primero Penal de San Gil. Juez Quinto de Instrucción Criminal de Vélez. Juez Municipal de Oiba Santander.

Contador Liquidador de Impuestos del Tribunal Administrativo de Santander.
Auxiliar Magistrado de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga.

Actividad Profesional actual: Abogado Litigante y Asesor Financiero.

Director del Portal Web Ruedadifusión.com. Columnas de Derecho, Hacienda Pública y temas de interés general.

Temas Esbozados por el expositor:
1. Circunstancias previas de la Constituyente de 1991.
2. Movimiento estudiantil originario de la 7ª papeleta.
3. Principales logros de la Constituyente. Derechos Fundamentales. Cultura y Educación. Acción de Amparo. Modelo Económico del Estado
4. Principales falencias de la Constituyente a corregir. Nueva Estructura de Administración de la Rama. Formas de elección de Magistrados, Contralores, Fiscal, Procurador y Auditor Generales. Incremento de sueldos de altos empleados del Estado frete al de los demás colombianos y al de los pensionados.

Desarrollo de los Temas

A. Los cambios urgentes que requería la institucionalidad del país a mediados de los años 80, se hicieron evidentes con la toma del Palacio de Justicia del 5 y 6 de noviembre de 1985 como colofón a los actos violentos de la guerrilla revolucionaria de antaño; los sensacionales golpes propiciados por el M-19 como nueva organización insurgente y el demencial accionar de los carteles del narcotráfico, que prácticamente arrinconaron a la inerme sociedad civil colombiana.



• B. El movimiento de la séptima papeleta de comienzos de los 90 surgió como una manifestación de los estudiantes universitarios del país, entre ellos Fernando Carrillo Flórez, Claudia López, Catalina Botero, Fiabio Villa, Óscar Guardiola y otros; tendiente a generar verdaderos cambios institucionales de fondo, que jamás los propició la clase política de entonces.

Justo antes de las elecciones del 11 de marzo de 1990 para cuerpos colegiados de la Rama Legislativa y Alcaldes, el movimiento estudiantil de universidades públicas y privadas impulsó la propuesta de votar por la convocatoria de una constituyente, la cual fue acogida de forma inusitada y dio lugar a la Asamblea que durante 5 meses elaboró el actual texto de la Carta Magna.

• C. La cultura en sus diversas manifestaciones se estableció como fundamento de la nacionalidad, en un país de regiones y como deber del Estado a voces de los Artículos 67, 70 y 71 que junto con el derecho de acceso y mayor cobertura de la educación constituyen mandatos de carácter humanístico que deben prevalecer en un estado social de derecho, en el cual las expresiones artísticas y la búsqueda de conocimiento son enteramente libres, pero que en ocasiones son objeto de interferencias por parte de servidores públicos e instituciones que tratan de imponer censuras o calificativos hacia quienes ejercen estas actividades. El arte y la cultura es la más destacada de las actividades del ser pensante merece todo el respeto y admiración de la sociedad entera.

• D. Los derechos fundamentales son el desarrollo y reconocimiento del derecho de gentes establecidos por instrumentos, acuerdos y pactos internacionales firmados por Colombia; según los cuáles, la persona cuenta con un mínimo de prerrogativas que garantizan la existencia, el mejor vivir, el respeto a su personalidad, el acceso a bienes, a la participación en la administración del estado y a los servicios públicos en igualdad de condiciones frente a sus demás congéneres, quedaron vertidos en los primeros 40 artículos del Título que son objeto de la acción de amparo ante cualquier Juez de la República, constituyéndose desde entonces la Tutela, en el principal y más expedito de los instrumentos jurídicos, para que las personas puedan obtener la protección inmediata de esas prerrogativas constitucionales sin necesidad de largos y azarosos procedimientos judiciales.

A diferencia de la constitución de 1986, la de 1991, tuvo la fortuna de establecer el Título XIII relacionado con el Sistema Económico y de Hacienda del Estado con una ideología eminentemente finalista y liberal destinado a propiciar el mejoramiento de la calidad de vida, permitir la prosperidad general bajo los principios del proemio de la Carta y de los Artículos 1 y 2 , generando la libertad de empresas, la libre iniciativa privada, la libertad en las fuerzas del mercado, pero bajo la égida del Estado como supremo director e interventor de la economía, a fin de evitar la concentración del poder económico; aspecto sobre el cual valdría la pena efectuar un cuidadoso análisis para establecer si este mandato ha tenido eco en la actividad productiva del país.

Con tal fin se establecieron como obligatorios el plan de desarrollo y los presupuestos públicos técnicos; se creó la Contaduría General, se declararon las actividades bancarias, bursátiles y aseguradoras como de interés público. El derecho a la propiedad y la empresa deben cumplir una función social y desarrollarse en beneficio general, es decir, no solamente en favor de sus dueños.

E. La falencia en principio, fue la politización de la Rama Judicial, al crearse el Consejo de la Judicatura, como un organismo para la administración de los recursos y asuntos administrativos de las Altas Cortes, los Tribunales y Juzgados del país; la orientación de la carrera judicial, el control disciplinario y la elección de los Magistrados y Jueces. Cuyos integrantes son nombrados por el Senado y la Cámara con lo cual se perdió totalmente la independencia de la Administración de Justicia al quedar permeada con las prácticas nefandas que se han criticado tanto a la clase política.

Sería muy bueno que los más altos empleos públicos de las tres ramas del poder público y los organismos de control se elegirían por el voto ciudadano, sin la intervención del Congreso, ni de los demás integrantes de las mismas entidades, para evitar la politización y garantizarla independencia en sus funciones.

La constituyente erró al determinar en la Carta que la remuneración de los congresistas, a las cuáles se colgaron las de los altos servidores de las tres Ramas, fueran reajustados anualmente en igual proporción al promedio ponderado de los sueldos de los empleados de la administración central y no por el índice de precios al consumidor, con lo cual se tiene en cuenta el incremento del salario mínimo que siempre resulta ser más alto.

Por virtud del Art. 187 de la Constitución, esos emolumentos han crecido de una forma desproporcionada, respecto al de los demás empleados del Estado y del sector privado que devenguen más de dos salarios mínimos, a quienes se les aplica simplemente la variación del Índice de Precios al Consumidor y año tras año resultan rezagados.

Este privilegio también es contrario a la del incremento para los pensionados de todo orden; pues además de la pérdida del 35% de sus asignaciones al retirarse, solo obtienen el incremento del IPC en los subsiguientes años. Situación que ha menguado ostensiblemente sus ingresos, por lo cual al Gobierno y al Congreso Nacional corresponde legislar para evitar el gradual empobrecimiento de los jubilados.

Seguramente esta es la principal razón para que muchos servidores públicos especialmente los de alto vuelo, no se pensionen como antes a los 65 años, sino que esperan hasta después de los 70 como lo permite la Ley 1821 de 2016, afectando la movilidad social y económica de las nuevas generaciones que hoy deben esperan 5 años más para acceder a estos empleos públicos.
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Fuente: Diarios, publicaciones web y Opiniones ciudadanas