LA AUSENCIA DE LA LEY NO ES ÓBICE PARA RECONOCER DERECHOS CONSTITUCIONALES
Autor: SERGIO ALEJANDRO RUEDA MORENO .
Publicado en : PÁGINA WEB
Fecha: lunes 26 de julio del 2021

ABOGADO Y CONTADOR PÚBLICO ESPECIALISTA
Bucaramanga, 26 de julio de 2021.

LA AUSENCIA DE LA LEY NO ES ÓBICE PARA RECONOCER DERECHOS CONSTITUCIONALES

Recién conmemorados los 30 años de la promulgación del texto teleológico y humanista de la Constitución Política de 1991 se ha conocido la nueva decisión del máximo órgano a cargo de la guarda de la integridad, supremacía y acatamiento de la majestad de la Carta del Estado, a través de la cual reitera el deber del Congreso de la República de legislar oportunamente para desarrollar los Derechos Fundamentales instituidos en los artículos 11 a 40 del texto superior.

Este comentarista con la experiencia de sus 40 años al servicio de la Nación; ex profesor universitario y profesional en ejercicio, debe reconocer la formidable labor desempeñada por la Corte Constitucional desde su creación, al analizar, estudiar y resolver con sapiencia, serenidad y juicio en sus sentencias, los principios filosóficos, los fines esenciales y los preceptos jerárquicos que rigen todo el texto normativo del ordenamiento jurídico Colombiano; los cuales deben estar presentes en los distintos temas de interés político social, económico y administrativo vertidos en las leyes, los decretos y las resoluciones; las ordenanzas departamentales; los acuerdos municipales y las resoluciones de toda entidad pública que se expidan bajo la supremacía del canon 4 de la Constitución Nacional que es de obligatorio cumplimiento.

Causa asombro y por lo tanto el pueblo entero debe examinar por qué, la mayoría de los legisladores durante 23 y hasta 30 años como sucede en otros temas, ha dejado de aprobar los proyectos de leyes reglamentarias para que pueda acceder a las prerrogativas establecidas por la constituyente de 1991. Mientras esto no ha ocurrido, la Jurisdicción Constitucional a través de memorables sentencias ha tenido que suplir esa función, creando no solo una gran jurisprudencia, sino además precedentes superiores, que deben cumplirse si dilación por los empleados públicos de las demás Ramas del Poder y los particulares responsables de servicios públicos.

La República Colombiana es una institución articulada por tres ramas de poder público que están previstas para cumplir los cometidos y fines de la Constitución. En su ejercicio cada una de las Ramas ha de actuar oportunamente ante ese deber constitucional de manera armoniosa y complementaria; pues cuando un órgano no cumple los mandatos superiores, la otra rama deberá establecer las reglas provisionales aplicables mientras se regulan de fondo por el competente.

Y cuando resulta evidente que se extralimita en ellas, puede suspender su aplicabilidad, anular o declarar inexequibles las normas que violan los mandatos superiores. (Arts. 113 y 241 de la Carta).

Por ejemplo la sentencia del 20 de mayo de 1997 que determinó el derecho a morir por voluntad propia, cuando el enfermo no tenga posibilidades de recuperación, ni de una existencia digna por causa de sus padecimientos y dolores; en cuyo caso el concepto y la intervención médica deja de ser punible ante la expresa voluntad del paciente que desea poner fin a su malograda existencia.

Esta decisión de antaño se ha reforzado y se amplía su aplicabilidad, con la sentencia C-233 de 2021. Asimismo ha ocurrido con los derechos a la salud y a la educación, que se convierten por conexidad en fundamentales, cuando las personas mayores, los niños, o quienes se encuentren en debilidad manifiesta o en estado de indefensión se vean en peligro de resultar afectados con la omisión de los administradores o responsables de estos servicios.

Las altas Cortes han señalado en distintas sentencias, sin dubitacion alguna, que la falta de desarrollo legal de los derechos fundamentales, no es óbice para su aplicación inmediata y el Decreto Ley 2591 de 1991 enseña con claridad meridiana ese importante principio aplicable para la acción de amparo al que pueden acudir todos los residentes en Colombia.


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Fuente: Constitución, Leyes, Sentencias de Altas Cortes