LA REFORMA TRIBUTARIA COMO OBLIGACIÓN CIUDADANA Y NECESIDAD ESTATAL
Autor: SERGIO ALEJANDRO RUEDA MORENO .
Publicado en : PÁGINA WEB
Fecha: lunes 19 de abril del 2021

OBLIGACIÓN CIUDADANA Y NECESIDAD ESTATAL
Abogado y Contador Público Especialista

Bucaramanga, 19 de abril 2021.

Recientemente presentó el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República, el proyecto de ley denominado “Ley de Solidaridad Sostenible” que tiene por objeto efectuar modificaciones fiscales y tributarias a las Leyes 1819 y 1943 de 2018 que actualmente rigen en el país y a las que se conoce como “Estatuto Tributario” que empezarían a regir para el año 2022, en medio de las graves circunstancias económicas y sociales del confinamiento durante un año a causa de la pandemia.

La Obligación Ciudadana

Son principios generales del Derecho Tributario de la mayor relevancia, la horizontalidad y la verticalidad del tributo, según los cuales, todo integrante de la población de un país está sujeto al poder de imposición de su Estado y cada uno de los ciudadanos que lo componen, debe aportar al fisco una parte de sus ingresos en el caso del primero. Y en segundo término, para solventar los gastos de la Nación, cada quien cumplirá su obligación tributaria en una cuantía determinada por su capacidad económica.

Es decir todos estamos obligados a tributar al Fisco Nacional, pero el tributo será directamente proporcional a la renta líquida percibida en el año, que para el 2020 es a partir de 1.090 UVT o $38.811.630; mientras que en el caso del patrimonio líquido poseído va desde los CINCO MIL MILLONES es decir, cuando se es verdaderamente rico, por haber alcanzado el concepto de riqueza previsto en el Art. 36 de la Ley 1943 de 2018 modificatoria del Art. 294-2 del Estatuto Tributario.
El tratadista Alejandro Ramírez Cardona en su obra de Derecho Tributario, recuerda que éste “trata el impuesto como obligación por parte del contribuyente y pretensión por parte del Estado como vínculo entre un sujeto activo y otro pasivo,”

De manera que si bien los ciudadanos están obligados en general a contribuir con los gastos del Estado, imponer tributo a las pensiones a partir de 4.5 salarios mínimos legales es un despropósito, pues para sostener las necesidades de una familia de 4 miembros, se requieren como mínimo SEIS MILLONES DE PESOS. Luego el rango para el impuesto de renta de los pensionados debe partir de SIETE MILLONES DE PESOS en adelante; si se tiene en cuenta que durante la última década sus ingresos se han deprimido en el 16% respecto al de los empleados activos, a quienes se les ha aplicado el aumento en porcentaje similar al del salario mínimo en tanto que a las pensiones se les descuenta el 12% para la seguridad social y los empleados activos apenas contribuyen con el 4% para ese fin.

De otra parte, imponer IVA a los servicios públicos de estratos 4, 5 y 6 constituye una carga absurda como quiera que la Ley 632 de 2000 modificó el artículo 89 de la Ley 142 de 1994 para establecer que la contribución de solidaridad para los servicios puede ser del 20% o más y así se cobra actualmente; aspectos que deben corregirse por los legisladores durante la discusión del proyecto.

La Necesidad y el Poder Estatal

Sin duda alguna, en el orbe la asunción de virus que golpea a la humanidad se presenta cada 50 o 100 años y siempre coge a las Naciones y a sus dirigentes con los calzones en la mano como nos lo enseña la historia universal, como un ciclo indetenible que arrasa con la salud de los pueblos, la calidad de vida y las economías, en una vorágine pandémica que además hace indispensable la adopción de medidas urgentes no sólo para enfrentar la enfermedad y sus consecuencias físicas y sicológicas en las personas; sino en los recursos fiscales de los Estados que se ven a gatas con los enormes gastos que conlleva paliar sus efectos, como los de asumir de manera prioritaria la vacunación siquiera del 70% de la población para evitar que su número descienda drásticamente, obteniendo así la inmunidad de rebaño.

Esta necesidad de recursos en la Hacienda Pública es ostensible además, por cuanto el receso obligado del trabajo y la productividad golpeó de manera imprevista al 60% de la población económicamente activa y deprimió aún más al 30% de las familias Colombianas que pasaron al nivel de pobreza monetaria; es decir de aquellos que no alcanzan a devengar ni siquiera un salario mínimo entre los integrantes de cada unidad familiar.

Para el ex Consejero de Estado y ex Ministro Enrique Low Murtra, los recursos obtenidos con la política fiscal, que tiene como principales instrumentos a los tributos el gasto y la deuda pública “…se utiliza el impuesto como mecanismo para gravar al rico y el gasto público como instrumento para beneficio de las clases económicas más necesitadas.”

Y en relación con la asignación de los recursos obtenidos a través de los impuestos, este profesor cruelmente sacrificado por la mafia de los 90, como Decano de Economía y profesor de Derecho, en su obra “Teoría Fiscal enseña:

“El problema propio del sistema capitalista es la mala distribución del ingreso, que se traduce en marcada injustica e inequidad social. El Estado debe cumplir un rol para mejorar la distribución del ingreso. Se piensa que mediante una política que grave fuertemente a las familias acaudaladas, a través de impuestos progresivos, y que oriente en mayor proporción el gasto público a las clases marginadas, se alivia el problema de la mala distribución del ingreso. Los autores no coinciden sobre la bondad de la política fiscal como instrumento de distribución del ingreso.”

Es el panorama y la disyuntiva en que se encuentran los modelos económicos mixtos como el Colombiano en el cual, las fuerzas del mercado, la preservación de la riqueza, las necesidades ciudadanas y la solidaridad constituyen puntos de referencia que bien vale sopesar para una adecuada toma de decisiones que permitan un equilibrio racional entre la políticas fiscal y la política económica, entendidas como esos instrumentos que facilitan el desarrollo de la sociedad entera en términos de equilibrio y sostenibilidad como filosofía de Estado.

Bondad y Eficacia de una Reforma

El objetivo de impulsar la solidaridad de todos los sectores que intervienen en la economía como son el financiero, el industrial, el comercial y el de las personas que derivan sus recursos de la fuerza laboral, la actividad intelectual, el ejercicio de las artes, las profesiones o los conocimientos tecnológicos como empleados o independientes, se fundamenta en aquellos principios de que se habló al comienzo y según los cuáles es deber de todo colombiano de ingresos superiores a 6 salarios mínimos, contribuir a solventar las cargas o gastos de la nación, aquí radica la bondad del asociado, de desprenderse de una parte de lo que recibe como renta, para que a su vez el Estado, a través de los presupuestos públicos pueda cumplir con los fines esenciales para los cuales está previsto a voces del Art. 2º de la Constitución de 1991.

Pero a la Administración Pública, esto es al Gobiernos Nacional, compete de manera privativa la conformación y presentación de los proyectos de las Leyes Tributarias y de las Leyes anuales del Presupuesto General de la Nación por virtud del Art. 154 de la Carta Fundamental, que como los tratadistas lo explican son los instrumentos de carácter fiscal (recaudo) y de asignación de recursos (gasto) destinados al sostenimiento del Estado y para “el Bienestar general de la comunidad fin último de la Teoría Fiscal expuesta por los autores.

En su gestión los integrantes del Gobierno Nacional deben actuar bajo la égida del Art. 209 de la Carta que precisa a todo servidor público tener siempre presente el cumplimiento de “los fines esenciales del Estado” y que la función administrativa “está al servicio de los intereses generales…” conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad…”

Por su parte al Congreso Nacional, a través de las Comisiones 3ª y 4ª de Senado y Cámara les compete el análisis, discusión, modificación y aprobación de las Leyes orgánicas de la República, en lo que a la Economía y a la Hacienda Pública se refieran por mandato expreso de los Arts. 150 y 151 de la Constitución, corrigiendo hasta donde sea posible, las profundas desigualdades existentes en Colombia.
Unos y otros deben tener presente que la eficacia y bondad de una reforma tributaria y de las leyes orgánicas del Plan de Desarrollo y los Presupuestos Anuales del Gasto Público proviene de la adecuada discusión de sus textos y de la receptividad y audiencia que puedan dar a los distintos sectores sociales, políticos económicos e institucionales que conforman la sociedad y la nación entera, para quienes legislan en su representación, esto es los integrantes de Senado y Cámara de Representantes electos mediante el voto popular.
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Fuente: Constitución, Leyes y Doctrina Tributaria