LA TUTELA Y LOS JUECES ANTE LOS PODERES PÚBLICOS Y PRIVADOS
Autor: SERGIO ALEJANDRO RUEDA MORENO .
Publicado en : PÁGINA WEB
Fecha: jueves 15 de abril del 2021

LA TUTELA Y LOS JUECES ANTE LOS PODERES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Abogado y Contador Público Especialista.
Bucaramanga, abril 15 de 2021.

Tras el año de confinamiento dispuesta por la Administración Pública como fórmula para enfrentar el virus, le ha quedado claro a la comunidad nacional que la Acción de Amparo no sólo fue la gran reivindicación de la Constituyente de 1991, sino el único medio procedimental adecuado y eficaz al cual las personas del común pueden acudir para hallar la debida atención a las inquietudes y necesidades sociales, económicas, de salud, de vida, a la personalidad jurídica y a sus derechos fundamentales; que no encuentran receptividad en las autoridades actualmente encerradas en sus castillos de cristal por la pandemia, donde pareciera que nada funciona pues no existe atención personal, ni interés para escuchar y resolver las angustias de los asociados.

La Acción de Tutela vía internet se convirtió en la protagonista de mayor importancia para quienes carecen de contactos, palancas, influencias, amiguismos y toda suerte de entretejidos que se dan en un país político como el nuestro; en el cual, estar en situación de debilidad manifiesta, gravemente enfermo, desempleado, o ser víctima de desafuero de los entes bancarios, de los constructores, la desatención del sistema de salud, del abuso o displicencia de algunas autoridades, que por tratarse de una persona del común no recibe solución a sus reclamos o se les ignora, tal como le ha sucedido a centenares de connacionales en el exterior que por razón de la pandemia se quedaron varados en otros países.

Estos y aquellos que por ejemplo acudieron sin fortuna a las delegaciones diplomáticas en demanda de atención, ayuda, orientación o amparo sin obtener siquiera audiencia de los funcionarios consulares, en profusos casos que la prensa y las redes sociales han dado a conocer a lo largo y ancho de la nación.

Por consiguiente los Jueces de la República, Municipales, del Circuito o Magistrados de Tribunales y de las Cortes, han cumplido con acierto el mandato Superior de la Carta Fundamental del Estado, que bajo la guía luminiscente de la Corte Constitucional, imparten órdenes judiciales de obligatorio cumplimiento para los empleados públicos, empresas, instituciones y personas del sector privado que han sido objeto de las acciones de tutela frente a los derechos inmanentes a las personas, haciendo posible que estos no se hayan quedado en letra muerta.

En el Estado Social de Derecho bajo la óptica finalistas que es y deberá seguir siendo la primacía del ser humano colectivo, la acción de amparo se erige por sobre la maraña de normas, reglamentos, directrices e intereses de todo orden que los poderosos crean en su favor y le impiden al ciudadano la efectividad de sus derechos. En efecto, la Corte Constitucional Colombiana reiteró la interpretación filosófica relativa a la razón de ser de la acción de tutela cuando sentenció:

“El ordenamiento jurídico ha reconocido la existencia de intereses individuales y de carácter colectivo o difuso, en los primeros la titularidad se predica del individuo afectado, mientras que la segunda es una titularidad difusa; los dos tienen diferentes mecanismos para su protección, de naturaleza constitucional. Entonces como el eje de amparo es la protección de los derechos de la persona, fundamento y base del ordenamiento político; se intenta superar las limitaciones de un modelo liberal clásico de individualidad y con base en el principio de solidaridad, se diseñan una serie de garantías para el resguardo de las colectividades. Así las cosas, de intereses difusos se arroja la titularidad de derechos indivisibles o supraindividuales.” Bogotá, D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil dieciséis (2016).

Igualmente el Consejo de Estado acerca del alcance y eficacia de la Acción de Tutela expresa que:

“Ha dicho la Corte: “En conclusión, el incumplimiento de las sentencias judiciales constituye una trasgresión del derecho fundamental de acceso a la justicia puesto que el reconocimiento de esta garantía en el texto constitucional se encuentra encaminado, como es obvio, no sólo a garantizar la posibilidad de interponer acciones frente a tribunales competentes e imparciales, y a reclamar una decisión sobre las pretensiones debatidas. Adicionalmente y cabe anotar que en este punto adquiere sentido la totalidad del proceso judicial agotado incluye el derecho a obtener cumplimiento de las decisiones consignadas en las sentencias. De otra forma, se desvanece la legitimidad de la Rama judicial y sus decisiones se convierten en meras proclamaciones sin contenido vinculante. (…)” La jurisprudencia constitucional también ha determinado que cuando se encuentra comprometido el “minimo vital”, el término previsto en el C.C.A. para el pago de las condenas judiciales puede incluso ser desconocido vía tutela. Así lo ha señalado la Corte Constitucional”.

“En tal sentido, la Corte estableció que en aquellos eventos en los cuales resulte comprometido el derecho al mínimo vital de los Ciudadanos, en el caso particular de obligaciones pensionales, se podrá llevar a cabo incluso la ejecución inmediata de la autoridad competente. En tal supuesto, concluyó la Corte, la acción de tutela constituye el mecanismo judicial idóneo para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales en riesgo.” (Consejo de Estado Sección 1a. Bogotá D.C., Rad. 76001-23-31-000-2008 veintinueve (29) de enero de dos mil nueve (2009)”.

El poder que morigera las tensiones de la sociedad, se encuentra hoy radicado en los jueces; así se trate del más lejano y humilde de los Despacho judiciales, pues al fin y al cabo representa la Majestad, la Imparcialidad y el Decoro, que le corresponde impartir al Tercer Poder o Rama Pública, a la cual la Constitución le otorgó esas facultades superiores que deben ser respetadas y cumplidas por las demás ramas, organismos y servidores públicos del Estado en cualquiera de sus órdenes nacional, territorial o local y por las empresas, entidades y personas del orden privado sin distingo o eminencia alguna.

REDUCCIÓN DE LA COMPETENCIA DE LOS JUECES MUNICIPALES

Quienes hemos tenido la satisfacción de haber desempeñado funciones como Juez Municipal, del Circuito o como servidores públicos en la Rama Judicial, entendemos claramente y así se nos enseñó en la Facultad de Derecho, que el Juez de la República del nivel o jurisdicción que sea, en sus decisiones es autónomo, independiente, representa la soberanía del Estado y sus fallos deben ser acatados y respetados sin perjuicio de la interposición de los recursos previstos en las leyes procedimentales; que como en el caso de la tutela, deben acatarse dentro del perentorio término de 48 horas que el Decreto Ley 2591 de 1991 ha determinado en desarrollo del Art. 23 de la Constitución. Esto es, de manera inmediata y sin demora pese a la impugnación de la sentencia de primer grado.

Aquí radica la potestad del Juez y la legitimidad de la sentencia, pues como lo manda el inciso 2 del Art. 280 del C. G. del P. la resolutiva debe estar precedida de la fórmula: “Administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley” que en el caso de la de tutela, como el más trascendental instituto jurídico erigido por la Constituyente en su Art. 86, previó la competencia general de “ los jueces “ sin precaver su especialidad o jerarquía y “en todo momento y lugar“ para que “mediante un procedimiento preferente y sumario,” le dé la “protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales” a la persona que acuda al juez cuando le sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad pública o de un particular respecto del cual el afectado se encuentre en situación de indefensión, subordinación o cuando el particular este a cargo de la prestación de servicios públicos, o afecte el interés colectivo.

La competencia establecida en el decreto ley 2591 de 1991 y en Decreto 1069 de 2015, tienen en cuenta un principio general del derecho que es el conocimiento por Jueces Municipales en los asuntos definidos por servidores públicos entidades o instituciones del orden municipal o departamental; a los Jueces del Circuito cuando los accionados sean del orden nacional y en los Tribunales Superiores, Administrativos o en las actuales Comisiones de Disciplina Judicial del respectivo Departamento o Distrito Judicial, cuando se trate de funcionarios gubernamentales del orden nacional o de rango superior; en cuyo caso la segunda instancia corresponde en su caso a la Corte Suprema de Justicia, El Consejo de Estado, o la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que reemplazó a la Sala Disciplinaria.
Se ha expedido por el Gobierno Nacional el Decreto 333 de 2021, que asigna la competencia de las tutelas dirigidas contra el Presidente de la República, El Procurador, El Fiscal y el Contralor General; El Defensor del Pueblo y el Auditor General en el Consejo de Estado.

En el caso de Magistrados de altas Cortes y Fiscales Delegados ante estos se cruzan las competencias conociendo la Corte Suprema de los del Consejo de Estado y éstos respecto de la tutela contra los primeros; situación procesal que obliga a dichas entidades colegiadas a establecer en sus reglamentos Salas de primera instancia de Tutelas y obviamente las de segunda instancia para resolver las impugnaciones de lo que en ellas se decida, todo lo cual a no dudarlo, va a causar diferentes controversias en materia de reparto y competencia.

El Juez de la República, cualquiera que sea su nivel y especialidad, desempeña una noble e importante labor dentro de la administración de justicia, bien se trate de Juez Municipal o del Circuito que cuentan con trayectoria funcional y con un equipo de abogados que colaboran principalmente en sus labores como son el Secretario Judicial, el Oficial Mayor, el Sustanciador y además de los Escribientes y Notificadores hoy Oficinistas o Asistentes Judiciales, muchos de los cuales cursan o han terminado estudios universitarios. Es decir, mal podría calificarse a estos Despachos Judiciales de baja jerarquía o de poco conocimiento jurídico como para no poder decidir asuntos de tutela en los que se controvierta la actuación de empleados del estado de alto rango.

Pero de igual manera la jurisprudencia en Colombia, ha considerado que debe respetarse la libertad de elección que tiene el accionante o interesado por orden constitucional del Artículo 86, de presentar la Tutela en su lugar de residencia y ante el Juez y la especialidad que el señale. Ha dispuesto la Corte Constitucional lo siguiente:

Como consecuencia, la Corte ha procedido a advertir que uno de los criterios más relevantes a la hora de definir la competencia para conocer de un amparo es que existe libertad para que el actor escoja tanto la jurisdicción como la especialidad de los jueces que él desea que conozcan del asunto. En el Auto 277 de 2002, la Corte argumentó: “existe un interés del ordenamiento jurídico en proteger la libertad del actor frente a la posibilidad de elegir el juez competente de las acciones de tutela que desee promover. Libertad, que si bien está sometida a las reglas de competencia fijadas por el artículo 37 (factor territorial) y por las reglas del decreto 1382 (factor subjetivo y factor funcional), resulta garantizada por el ordenamiento, al ofrecer la posibilidad de elegir la especialidad del juez de tutela competente.”

“ En razón de lo anterior, la Corte ha advertido que previo a abstenerse de estudiar una petición de amparo de los derechos fundamentales, los jueces deben acatar dicha regla y hacer valer (i) el lugar donde el actor desea que se tramite la acción y (ii) la jurisdicción que conocerá de ella. Sobre el particular, en el Auto 185 de 2007, se expuso: “en este tipo de casos la Corte Constitucional ha fijado la regla jurisprudencial según la cual el criterio que deben aplicar los jueces o tribunales antes de abstenerse de asumir el conocimiento de una solicitud de amparo constitucional, es la elección que haya efectuado el accionante respecto al lugar donde desea se tramite la acción y la jurisdicción que conozca la acción. Lo anterior, a partir de la interpretación sistemática del artículo 86 Superior y del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que garantizan a todo persona reclamar “ante los jueces -a prevención” la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales “[14] (Bogotá, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil nueve (2009) Magistrada Ponente: Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ.)

Los principios de Derecho son universales y objeto de permanente estudio en las Facultades del orbe; de tal manera que vertidos en los códigos, compete su interpretación a los jueces de todo orden que son abogados titulados en su función de administrar justicia y que para ser elegidos como tales han demostrado trayectoria, calidades y conocimientos tanto y más como los servidores públicos de las demás Ramas del Poder Público.
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Fuente: Constitución, normas internacionales, Códigos de Procedimiento