LA CONCENTRACIÓN DEL PODER DECISORIO EN LAS ASAMBLEAS TIENE LIMITES
Autor: SERGIO ALEJANDRO RUEDA MORENO .
Publicado en : PÁGINA WEB
Fecha: lunes 29 de marzo del 2021

LA CONCENTRACIÓN DEL PODER DECISORIO EN LAS ASAMBLEAS TIENE LIMITES

Por SERGIO ALEJANDRO RUEDA M.
Abogado y Contador Público Especialista. Bucaramanga 28 de marzo de 2021.

Es posible establecer un número máximo de poderes a representar en las asambleas generales de accionistas o copropietarios?

Con motivo de la realización en estos días de distintas Asambleas Generales en las Sociedades Comerciales, Sociedades por Acciones, Empresas Comanditarias o en la Propiedad Horizontal, muchas personas y entidades me han consultado sobre este interesante tema de orden eminentemente jurídico, pero con gran incidencia en lo social en lo patrimonial y en lo económico.

Pues resulta muy pertinente en estos tiempos de aislamiento por la pandemia analizar este tema que si bien ni los Códigos Civil y de Comercio, ni la Ley 675 de 2000 en Colombia se definen; por el contrario guardan silencio en torno a un hecho que viene ocurriendo en nuestro entorno, debido a la excesiva acumulación de poder de decisión en un solo miembro, al momento de la celebración de Asambleas Generales de accionistas, propietarios, socios o comanditarios, gracias al otorgamiento de la representación de terceros como es usual a una sola persona que tiene derecho a participar de ellas.

Por principio general de derecho y del equilibrio de poder, la democratización de las decisiones corporativas y la propiedad accionaria, nada impide que los mismos socios, propietarios o asambleístas establezcan unas reglas claras que guíen el desarrollo de las reuniones e impidan que una sola persona acumule tantos poderes, derechos accionarios o cuotas de participación que haga que uno sólo de los partícipes defina para todos los demás, las decisiones o pautas administrativas que dependen de la emisión del voto unitario de los accionistas o del coeficiente de que se sea titular, frente al total de los derechos que conforman la sociedad o el quorum necesario para decidir válidamente.

En las democracias participativas es una garantía que todos los interesados en los destinos de la colectividad, bien sea económica, corporativa, social o laboral, tengan la posibilidad de ejercer directamente su derecho al voto y a que su criterio no solo sea expresado libremente; sino que su oposición a ciertas decisiones que puedan afectar al común de los asociados, no se convierta en inútil y la decisión bajo la égida de un solo socio o propietario se imponga por sobre los demás, que apenas cuentan con solo un voto o con la minoría proveniente del coeficiente de sus propiedades en conjunto.

Precisamente el Art. 638 del Código Civil desde antaño erigió la regla del voto unitario la cual en concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado se define como:

“…el mandato de democratización del artículo 52 de la Constitución Política conlleva necesariamente la aplicación de la regla una persona un voto en la forma señalada en el artículo 638 del Código Civil, sin que pueda modificarse estatutariamente.” (C.E. 1870 de 2008 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil.)

Constitucional y legalmente en la estructura jurídica del Estado Colombiano, la libertad individual y de asociación, junto con el derecho a la propiedad tienen los límites propios de los derechos fundamentales establecidos para todas las personas, de tal modo que bajo los principios generales de ser una democracia participativa y pluralista, es obvio entonces que en las relaciones de la sociedad entera en sus aspectos económicos administrativos, no se puede dar cabida a ninguna forma de totalitarismo o a la toma de decisiones corporativas por un solo miembro. Todo lo contrario, deben tomarse o expedirse con la más amplia participación y con la audiencia y consulta de todos los sectores interesados en determinado asunto de la organización o de la sociedad y dentro del acceso y los fines sociales del derecho a la propiedad como lo prevén los Arts. 1, 2, 3, 4, 17, 40, 58, 60 y 95 num. 1 de la Carta.

Con el fin de evitar la concentración de poder en una sola persona, en las Asambleas Generales de las Sociedades Comerciales y Propiedades Horizontales, en el orden del día de la respectiva Asamblea nada impide que se pueda incluir la aprobación del reglamento que deberá regir y aplicarse en la siguiente convocatoria, en el cual se establezca que por votación mayoritaria ninguno de los socios, copropietarios a de los representantes o apoderados de éstos, podrá representar más del 20% del total del número de acciones o del coeficiente de copropiedad, o de los derechos accionarios o comanditarios presentes en la asamblea general según el caso, a efecto de evitar la excesiva concentración del poder decisorio en una sola persona en dichas reuniones.

Por lo mismo es lícito que las Juntas Directivas elaboren ese reglamento y lo pongan en consideración y aprobación de la Asamblea General correspondiente, incluyendo este punto en el orden del día el cual aprobado constituye una regla sumamente importante para evitar futuras controversias relacionadas con esa excesiva concentración de poder decisorio cuando el número de representados por una sola persona, resulta poco razonable o exagerado. También podría pensarse en la reforma estatutaria cuando exista en la entidad esa regla y ella resulte obsoleta que como en el caso de la copropiedad, deberá adoptarse bajo las atribuciones previstas en el Art. 37 numeral 6 y en cualquier momento cuando se encuentre reunida la totalidad de propietarios como lo permite el Art. 40 o con las formalidades establecidas por los Arts. 45 y 46 de la Ley 675 de 2000 cuando sea convocada para ello.

Soslaya igualmente el estupendo concepto jurídico del más alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo que el límite impuesto a ciertos organismos colectivos es lícito y necesario, precisamente para evitar la concentración decisoria que hemos estado analizando. Dice así la eximia Sala de Consulta:

“ En este mismo orden de ideas, aún si se entendiera, lo cual no es posible, que los artículos 10 y 11 del decreto reglamentario 1057 de 1985 no están afectados con la declaratoria de inexequibilidad de la norma legal que les servía de fuente, lo cierto es que actualmente también resultarían inaplicables frente a la Constitución Política de 1991, la Ley 181 de 1995 y el Decreto 1228 de 1995, que sujetan a los organismos deportivos a claros mandatos de democratización y adopción de decisiones por las mayorías. Sólo en el caso de clubes profesionales constituidos como sociedades, es posible entender la existencia del voto ponderado a partir de los fines económicos individuales de cada accionista.

Cabe recordar que de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política, cuando se advierta incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, deberán aplicarse las disposiciones constitucionales y en este caso es claro que el mandato de democratización de los organismos deportivos (Art.52 C.P.) debe prevalecer sobre normas de inferior jerarquía que restrinjan su alcance sin ninguna justificación suficiente. Se garantiza así, el valor normativo de la Constitución, el respeto por los derechos fundamentales de las personas y del deber de las autoridades públicas de hacerlos efectivos (preámbulo, artículos 2º y 4º de la Constitución).

En el mismo orden, bajo estas circunstancias y tal como se estableció al responder el interrogante anterior, no puede interpretarse que el límite de participación del 20% tanto en clubes asociados como societarios (artículo 29 de la Ley 181 de 1995), que precisamente es una aplicación del mandato constitucional de democratización, tenga la virtud de modificar las reglas de organización inherentes a las corporaciones sin ánimo de lucro, en el sentido de permitir indirectamente que en estas últimas surjan derechos patrimoniales individuales, reparto de utilidades y, por ende, poder de representación en proporción al aporte realizado, que anulen ese mandato democratización." (C.E. 1870 de 2008 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil.)

De otra parte, ya es hora que el legislador defina de una vez por todas este trascendental punto en materia de la democracia en las decisiones de asamblea, para determinar con claridad los casos y el número de poderes que puede concentrar uno sólo de los accionistas, copropietarios o cuotas de participación posea un solo miembro al momento de celebrarse las Asambleas Generales.
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Fuente: Constitución, Códigos Civil y de Comercio. Concepto del Consejo de Estado