NIEGAN INCREMENTO A PENSIONES MÍNIMAS SI EL CONYUGE RENTA LA VIVIENDA
Autor: SERGIO ALEJANDRO RUEDA M. .
Publicado en : PÁGINA WEB
Fecha: sábado 09 de junio del 2018

Los principios constitucionales de la equidad, la solidaridad, el respeto a la condición más beneficiosa y el derecho al disfrute del patrimonio como es la vivienda digna, han quedado reducidos a simples expresiones de la carta política colombiana, sin fuerza ni aplicación alguna en el caso de los esposos o compañeros permanentes de los pensionados de salario mínimo, por cuenta de COLPENSIONES, que aspiren a que se les aporte un 14% adicional de la pensión, en la forma prevista por el Decreto 758 de 1990, el Acuerdo 049 del Seguro Social y la Resolución 104356 de 2010.

La norma y el acuerdo reglamentario aludidos actualmente vigentes, establecieron la prerrogativa del incremento, bajo dos simples requisitos: La convivencia bajo un mismo techo y que la esposa o compañera del jubilado, no reciba a su vez pensión, ni ingreso laboral alguno. A la dificultad de las personas de la tercera edad frente a Colpensiones para obtener el reconocimiento de la pensión, trámite que se torna engorroso para muchos aspirantes, se suman ahora las reiteradas campañas de la entidad para que sus filiados no acudan a profesionales del derecho que defiendan su interés económico y la negativa a darle aplicación al pingue incremento establecido en la ley para las parejas fieles que no tienen una segunda pensión y que carecen de rentas de trabajo para cubrir los crecientes gastos de sostenimiento familiar.

Con la sentencia T-058 DE 2018 de la Corte Constitucional ponencia del Magistrado LINARES CANTILLO, esas dificultades se han acrecentado para la vulnerable ancianidad colombiana, toda vez que si la pareja posee vivienda propia y esta se da en arriendo, precisamente para solventar los gastos que un solo ingreso familiar no alcanza a cubrir, como son la manutención, los relativos a una enfermedad grave o catastrófica, las propias deudas, el impuesto predial unificado, el alquiler de un inmueble más económico o de menor área al suyo, destinados a complementar el reducido presupuesto familiar; se convierte en impedimento para obtener el incremento de la pensión por cónyuge; al considerar la justicia colombiana que el producto de rentar la vivienda propia, que es patrimonio y no ingreso laboral, ni proviene de otra pensión de vejez, imposibilitan al jubilado a alcanzar el derecho de incremento, pues según su interpretación, se trata de un ingreso asimilable a sueldo, pensión, renta ect.

Cabe preguntarse si el derecho a reclamar beneficio patrimonial derivado de la posesión de un inmueble, ha desaparecido de la legislación económica del país, pues se presume que el contribuyente lo usufructúa y que genera una renta intrínsica en favor de su poseedor, a voces de los Arts. 760 del C. C. y 260 del Estatuto Tributario sin que sea asimilable a un ingreso laboral o de pensión propiamente dicho. Estamos entonces frente a una nueva valoración jurídica sumamente perjudicial para la ancianidad del país, pues el sólo hecho de gozar de un inmueble propio, genera para los esposos o compañeros, un impedimento de tal dimensión que lo extrae del concepto de personas de menores ingresos y lo traslada al de los pudientes de la sociedad Colombiana.

Se requiere entonces que el Congreso Nacional y el Ministerio de la Protección Social hagan su propia valoración mediante Ley de la República, para dar solución racional a esta problemática de la ancianidad y a la absoluta incapacidad en que se encuentra, para que no se considere como renta de trabajo el producto patrimonial de sólo un inmueble, dando paso a un verdadero Estado Social de Derecho.

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Fuente: SENT. T-058 DE 2018